Sangrante, muy sangrante, es el caso de los dos ex presidentes del Gobierno más recientes. El pasado mes de diciembre se anunció que Felipe González fichaba por Gas Natural y que cobraría 126.500 euros anuales por desempeñar una labor de consejero independiente. Un mes después, el anuncio cambiaba el nombre del ex jefe del Ejecutivo y el de la empresa. José María Aznar fichaba por Endesa cobrando aún más, 200.000 euros anuales. Sin entrar en el debate de fondo (el de qué puede o qué debe hacer un ex presidente cuando deja su cargo), lo asombroso de este asunto es que cada uno de ellos cobra, al mismo tiempo que éste y otros salarios, 80.000 euros brutos anuales que salen directamente de los Presupuestos Generales del Estado. Vamos, que se los pagamos entre todos. Es una pensión vitalicia que supera en unos 2.000 euros mensuales el sueldo que percibe el actual presidente del Gobierno. Y estoy totalmente de acuerdo (sé que muchos no lo estarán, de ahí que ya dijera un poco más arriba que puedo tener opiniones impopulares sobre estos asuntos) en que el Estado garantice la jubilación de un ex presidente del Gobierno, creo que se lo gana (o tendría que ganárselo, vaya) con su dedicación a la función pública durante esos años.Pero, si a unos se les exigen sacrificios, ¿por qué otros no los hacen? 80.000 euros al año no solventan una crisis económica mundial, ni siquiera nacional, pero me parece inmoral, indigno y absurdo que estemos entregando un dinero público a personas que no lo necesitan. ¿Que el día de mañana nadie quiere a González o Aznar como asesores, conferenciantes, escritores de libros o simples floreros? Ahí está el Estado y esa pensión vitalicia. Pero si tienen tan descomunales ingresos, es como poco una tomadura de pelo que se lucren de un dinero que no llega para atender a todos los que lo necesitan. Estas pensiones las regula una ley de 1983 que el Gobierno no quiere cambiar. Ya lo ha dicho. Algunos grupos minoritarios ya han pedido esa reforma. Pero no basta. Como en toda reforma política de calado que afecte al funcionamiento de los órganos de poder y representación, es necesario el acuerdo entre PSOE y PP. Podéis quitaros de la cabeza esa posiblidad porque no va a suceder. La inmoralidad continuará porque siempre beneficiará a quien ha ostentado el poder, quien lo ostenta y quien lo ostentará en estos dos grandes partidos. Zapatero no lo cambiará porque es el próximo. Rajoy, si acaba ganando las elecciones, tampoco. Y así hasta el infinito.
No es el único caso sangrante, claro, porque cada político parece cargar con un pecado diferente. Esta semana, el Senado ha inaugurado su sistema de traducción a las lenguas cooficiales. Esto quiere decir que cualquier senador podrá hablar en catalán, euskera, gallego o valenciano y todos sus compañeros de hemiciclo podrán escuchar una traducción simultánea. Soy un firme defensor de los idiomas. Creo que enriquecen mucho. Me encanta escuchar a la gente hablar en el idioma que le sea propio. Pero los 400 aparatos de traducción con auriculares que ha comprado el Senado costaron 4.500 euros. Mantenerlo en funcionamiento, costará 350.000 euros anuales. Cada pleno sale a unos 12.000 euros. Todo eso soluciona un problema creado artificialmente porque todos tenemos una lengua común en la que podemos entendernos. Los partidos regionalistas y nacionalistas, los mismos que censuran la pensión vitalicia de González y Aznar, y según una frase aparecida en algunos medios de comunicación, entienden que eso no tiene importancia porque "los derechos no tienen precio". Ojalá fueron los derechos de todos los que no tuvieran precio.
La política ya nos tiene demasiado acostumbrados a ver que ellos, los políticos, siempre tienen más derechos que los demás. Y luego dirán que por qué la gente se desengaña de la política, por qué no vota, por qué les insulta... Las cosas no siempre tienen una justificación, pero lo que siempre tienen es una causa. Lo malo es cuando no se quiere buscar esa causa, ahí es donde están los problemas...
