Un país peculiar

Ya incluso antes de bautizar este blog pensaba que el mundo era peculiar. Pero España es aún más peculiar que el resto del mundo. Tiene que serlo por fuerza. No tengo muchas experiencias de primera mano, pero me resulta inverosímil pensar que haya otro país en el que intenten convencerme de que haciendo que el despido sea más fácil y barato se pueda generar empleo. O que se puede generar tanto empleo que compense el paro que se puede generar con tanta facilidad que se da a los empresarios (y pienso en los grandes, no en los pequeños y medianos, que esos sí creo que sufren por lo suyo y por lo de los suyos).

Tampoco creo que sea muy habitual que el presidente del Gobierno se esconda y mande a subalternos a explicarnos reformas que desde su propio Ejecutivo se consideran históricas, por mucho que dicho presidente sea la persona menos propensa a dar la cara. O, ya puestos, es como poco peculiar que ese mismo presidente del Gobierno reciba antes en La Moncloa a una figura del deporte élite, Rafa Nadal el martes, para hablar de que los franceses dicen que nos dopamos, que al líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba el miércoles, imagino que para hablar de cosillas sin importancia como el 25 por ciento de paro del país.

No sé si habrá otro lugar en el mundo en el que el juez que investiga a unos criminales es condenado antes que esos criminales, que de una trama de corrupción inmensa el primer culpable sea quien la investiga. O que un juez, ese mismo que ha sido condenado, diga que la suya era una condena dictada de antemano (¿de verdad soy el único escandalizado por el hecho de que un juez diga algo así, presuponiendo todo el conocimiento que sin duda debe de tener del funcionamiento de la Justicia y del que es obvio que los demás carecemos?). O que el órgano de gobierno de los jueces, a través de su portavoz, Gabriela Bravo, admita claramente que hay un trato diferente hacia el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, o hacia cualquier otro ciudadano.

Es un país extraño éste en el que pende de un hilo la constitucionalidad del matrimonio entre dos personas del mismo sexo, cuando el Gobierno y el partido que lo han elevado al más alto tribunal propone matrimonios ante notario. Es extraño y peculiar que el ex presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps saque una matricula de honor cum laude con su tesis, que versa sobre la reforma del sistema electoral que su partido, junto con el otro mayoritario, se niega siquiera a tratar cuando y donde hay que hacerlo. Extraño por la personalidad y extraño por la materia de la tesis.

España. Un país peculiar. Y así seguimos.

Delito prescrito

Llevo todo el día preguntándome por qué prescriben los delitos. El origen de dicha pregunta es, digamos, un poco intrascendente. Está en un delito de cohecho ya prescrito, cometido según la Fiscalía por la actual presidenta de las Cortes Valenciana cuando era consejera de Turismo de la Generalitat Valenciana, Milagrosa Martínez. Son 2.400 euros de nada, pero sigue siendo un cohecho, un delito, que no va a tener castigo alguno. Busco en Google, a ver si alguien es capaz de explicarme el motivo que se esconde detrás de la prescripción de los delitos.

Lo encuentro: la seguridad jurídica. Y encuentro algo más (siempre a la espera de que alguien más versado que yo en estos temas aporte algo interesante y útil a este debate), dos interpretaciones aplicables de ese término. En primer lugar, que con el paso del tiempo las pruebas o los testimonios pueden perder valor y validez, lo que hace que un juicio pueda no ser tan justo como debiera. En segundo lugar, y ésta es la que me llama la atención en realidad, se entiende esa seguridad jurídica en el hecho de que un individuo no puede pasarse la vida con la incertidumbre de no saber si será juzgado.

Desconozco si esta interpretación que he leído en Internet (donde tienen cabida las más descabelladas ideas e interpretaciones sobre cualquier cosa) tiene algún anclaje legal. De tenerlo, creo que tenemos un grave problema social, porque, en realidad, supondría facilitar el llamado crimen perfecto. No es que me libre si no me pillan, que eso se da por descontado. Es que me dan un plazo para, como criminal, alcanzar mi meta. Si consigo llegar libre de incriminaciones a un momento dado (el plazo de prescripción depende del delito cometido), me premian con la absolución.

No dejo de darle vueltas a la perversión de este planteamiento que, insisto, no sé si tiene base jurídica real. Y le doy vueltas porque, en la práctica, es lo que se permite con la prescripción de ciertos delitos. Es lo que le ha pasado a Milagrosa Martínez. Según la Fiscalía, ha cometido un delito y no va a pagar por él. Y no es un delito cometido hace 60 años, no. Es un hecho reciente del que es fácil reunir pruebas documentales y recabar testimonios adecuados. Pero no es lo suficientemente reciente para la Ley. No acabo de entender que un criminal pueda tener derecho a no ser juzgado en determinadas circunstancias temporales. Quizá es que es soy más ingenuo de lo que pensaba, pero no sé por qué tiene que olvidarse un delito.

Y me viene a la cabeza todo el argumentario que suelta Ray Milland en esa obra maestra de Alfred Hitchcock que es Crimen perfecto y sus motivos para matar a su esposa, interpretada por Grace Kelly. Y sigo pensando que, sea el delito que sea, me parece perverso garantizar un perdón a quien consigue ocultarlo durante un tiempo legalmente establecido. El perjudicado por un delito no tiene una prerrogativa similar, no goza de un desagravio legalmente establecido por haber sufrido un delito. El premio es sólo para el que infringe la Ley, pero la infringe bien. Qué cosas.

El post en el que lo cuento todo

Después de las declaraciones que ha hecho la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, creo que es hora de contarlo todo. Sí, es cierto que el Gobierno ha empleado el aparato de las fuerzas de seguridad del Estado, en connivencia con varios jueces, para espiar al principal partido de la oposicón. Lo que es grave es contar los motivos. Y aquí van. Tras consultar a mis fuentes y darme estas permiso para contar lo que en los medios periodísticos españoles es conocido desde hace años, creo que es el momento de desvelar toda la verdad. Un periódico, una radio o una televisión jamás se atreverían a publicar la información que voy a revelar aquí porque tienen mucho que perder. En un blog no hay censura de ninguna clase y tengo toda la libertad del mundo para decir todo lo que sea necesario. Y es necesario decir muchas cosas, porque muchas cosas y muy graves son las que hay detrás de esa información.

El origen de las escuchas y espionajes al PP parte de antes de las elecciones de 2004. En aquella época, el Gobierno de José María Aznar, obsesionado con el fin de ETA y ante las informaciones que le llegan de que grupos terroristas de otro índole están planeando atentar en España, se reúne con varios de estos grupos, intentando que la ofensiva de Al Qaeda en Europa quede minimizada. El trato es claro: nada de atentados en España bajo ninguna circunstancia. A cambio, y a pesar de la foto de las Azores (más de consumo nacional que de ayuda efvectiva a la misión de Estados Unidos contra Sadam Hussein), España se compromete a mediar en las diferentes zonas de conflicto: Irak, Irán, Líbano, Afganistan e Israel. Por eso no había medios en el CNI contra el terrorismo de origen islamista. El 11-M coge por sorpresa al Gobierno de Aznar por este motivo. Había un acuerdo y un grupo terrorista islámico se lo saltó. Por eso Acebes expresó con tanta insistencia la teoría de que ETA estaba detrás de la matanza de Madrid, porque para él no había otra posibilidad en las primeras horas. Después no le ha quedado al PP más remedio que mantener la teoría de la conspiración para no desvelar su acuerdo previo.

Todo esto está incluído en las grabaciones que jueces y cuerpos policiales hacen, no sólo ya en Génova, sino también en La Moncloa durante los últimos años del PP en el Gobierno. Mediante estas escuchas, las fuerzas de seguridad descubren también numerosas tramas de corrupción. Gürtel es sólo la punta del iceberg y, de hecho, consecuencia de posteriores enfrentamientos en el seno del principal partido de la oposición. En Madrid una maniobra tan poco ética como legal es la que permite que el socialista Simancas no se convierta en presidente madrileño. Con diversos pagos de por medio, incluyendo a los dos diputados tránsfugas del PSOE, se logra la repetición de las elecciones y la victoria de Esperanza Aguirre. En Baleares, bajo el Gobierno de Jaume Matas, se hacen decenas y decenas de operaciones ilegales de las que ya se empieza a conocer algo. La trama en Valencia es mucho más profunda. Con varias operaciones de blanqueo de dinero, tráfico de influencias y cohecho se consigue para la capital del Turia la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la concesión de la Copa América de Vela o el Gran Premio de Fórmula 1. Todo de forma irregular.

El nivel de implicación de los altos cargos del partido es total. Mariano Rajoy no sólo conoce sino que además ha impulsado varias de estas operaciones. El apoyo de Camps y los populares valencianos en el último congreso se debe precisamente a favores de esta índole. La animadversión de Aguirre y los populares madrileños, justo a lo contrario: a ese favoritismo que Rajoy concede a la Comunidad Valenciana. La cúpula del PP entiende que en Madrid no puede ya ganar más votos para las elecciones generales y por eso se vuelca en otros territorios. La rebelión en Navarra del UPN de Sanz también obedece a maniobras oscuras. Sanz se siente utilizado en la campaña contra el Gobierno durante la tregua en la ETA porque no ha conseguido beneficios económicos de ningún tipo, ni legales ni ilegales, y por eso rompe con el PP. Zaplana deja la primera línea de la política cuando considera que ya ha conseguido suficiente. Pizarro no llega a entrar porque le habían prometido manejar muchas partidas ministeriales en caso de ganar las elecciones de 2008, pero como es sabido venció el PSOE.

El motivo de que ningún juez haya abierto ninguna investigación conocida es que el comienzo de las escuchas fue ilegal. No existen sumarios, pero hay jueces que conocen estos movimientos, que son los que dan pie a Garzón a abrir el caso Gürtel. Al margen de la vía judicial, las fuerzas de seguridad decidieron saltarse la cadena de mando, ante el grado de corrupción conocido y la gravedad de los delitos cometidos, y acudir directamente a la Zarzuela. El Rey conoce todos los movimientos que ha hecho el PP, y ha sido precisamente él quien ha impedido que se difundiera la información. El monarca entiende que publicitar una trama de corrupción tan extensa, que abarca al principal partido de la oposición y al gobierno de bastantes comunidades autónomas, puede suponer la quiebra de la España actual. Para el Rey Juan Carlos estaría en peligro incluso la monarquía. La Corona cree que, ante unos hechos de tanta gravedad, sería imposible detener una protesta social de una magnitud desconocida en España. Por eso, lo que el Rey intentó hacer fue mediar con Mariano Rajoy no en una sino en muchas reuniones secretas.

Los acuerdos entre la Corona y el PP eran simples: detener la maquinaria de corrupción a cambio de que ningún cargo popular acabara sentado en un tribunal. Y un pacto de silencio por las dos partes. Pero Rajoy fue perdiendo poco a poco el control de los suyos y la corrupción, que antes se inicaba en Génova, ahora tiene numerosas ramificaciones locales. Eso es lo que se está conociendo ahora gracias a Correa, el tesorero Barcenas y los trajes de Camps. Cada vez que un dirigente del PP hacía algunas manifestaciones fuera de tono y ponía en el ojo de la polémica al Gobierno, a los jueces o a la Policía, el Rey llamaba a capítulo a Rajoy. El último atentado de ETA, que resultó con la muerte de dos guardias civiles, pareció que iba a significar el fin de esta pugna entre Génova y Zarzuela. Pero es entonces cuando se producen las declaraciones de Dolores de Cospedal, denunciando públicamente las escuchas ilegales a su partido, exactamente lo que Zarzuela no quería que se conociese. El Rey está tremendamente molesto con Rajoy y con el PP y la Casa Real le ha tenido que parar los pies al monarca, que estaba dispuesto, previo despacho con Zapatero en Mallorca, a contarlo todo, tenga las consecuencias que tenga.

Y un detalle más de toda esta historia. Es MENTIRA, es un relato cien por cien ficticio. Todo esto me lo acabo de inventar sobre la marcha, ni siquiera he partido de un borrador previo. Es sencillísimo decir algo sin pruebas de ningún tipo. Los medios de comunicación se han autoimpuesto la palabra "supuesto" cada vez que hablan de algo, sea lo que sea y aunque tengan la más fiable de las comprobaciones o las fuentes, pero los políticos parecen tener una impunidad que asusta y a la que todavía nadie ha puesto freno, lo que redunda en el desprestigio de la propia política. Yo no tengo ni la más remota idea de si se ha espiado al PP. Quiero creer que no. Pero lo que sí tengo claro es que un demócrata no puede lanzar una acusación como esa gratuitamente, sin pruebas, poniendo en tela de juicio el funcionamiento de todo el Estado de Derecho, desde las fuerzas de seguridad, a varios ministerios, pasando por los servicios de inteligencia y el propio Gobierno. Y eso es lo que ha hecho María Dolores de Cospedal. Exactamente eso.

Creo que el Fiscal General del Estado tiene que actuar. Tiene que levantar el teléfono y llamar a María Dolores de Cospedal para plantearle una alternativa: o presenta pruebas que respalden su información para que se abra una investigación (si hay algo, adelante; caiga quien caiga) o se enfrenta a un proceso penal por calumnias en la que Gobierno, jueces y cuerpos policiales se personen como acusación. Ya está bien de que cargos públicos, que gente que pretende gobernar este país, puedan decir lo que quieran. Ya está bien de ampararse en la libertad de expresión para decir auténticas barbaridades. Ya está bien de esconder casos de corrupción reales e investigaciones necesarias detrás de cortinas de humo en la que todo el mundo conspira contra el PP. Ya está bien. Porque cualquiera puede apuntarse al juego de inventarse historias con tal de ganar unos cuantos votos o subir una décima en las encuestas. ¿Que nos cargamos por el camino el Estado de Derecho? Qué más da...

¿Justicia...?

Justicia. Así la llaman, pero cada vez es menos justa. Porque en España tenemos pendiente un debate muy serio sobre la Justicia, pero no lo vemos por ningún lado. Es un debate en el que nadie ha querido entrar desde que inauguramos el periodo democrático. No sé muy bien por qué, pero es la administración que más problemas arrastra y causa. Es la administración tecnológicamente más atrasada de largo. Es la que más quejas provoca en los ciudadanos. Es la que más aparece en los medios de comunicación por motivos lamentables. Y para colmo se llama Justicia...

La huelga se jueces que se ha vivido esta semana forma parte del esperpento patrio que tanto nos gusta. Un poder del Estado en huelga. Inconcebible a todas luces en su planteamiento (como una huelga de diputados o, ya puestos, del Rey...) y absurdo, desde mi punto de vista, por el momento escogido. Muchas de las reivindicaciones que planteaban los jueces están ahora mismo sobre la mesa de diálogo. La huelga es un último recurso ante el bloqueo de un proceso, no un instrumento de la negociación. Como siempre, el perjudicado es el ciudadano. Si la Justicia ya es lenta de por sí, el trastorno que le han hecho a tantísima gente es incalculable. Y lo único que parecen haber conseguido es que se acumulen aún más expedientes en sus mesas. Expedientes que uno supone que tendrán que resolver algún día.

El Consejo General del Poder Judicial se me antoja, cada vez, un organo prescindible. O, al menos, un órgano que tiene que ser revisado desde los cimientos. Me parece inconcebible que el Consejo no tenga previsto hacer absolutamente nada ante una huelga que, según los más optimistas, ha seguido el 60 por ciento de los jueces. Si el propio Consejo no sabe o no tiene decidido si los jueces huelguistas tienen que ser sancionados, ¿cómo vamos a tenerlo claro los demás? La postura es que no hay postura. Y así no se puede ir por la vida cuando uno tiene la responsabilidad de vigilar a uno de los poderes del Estado. El Consejo (o sus miembros, que hay que precisar responsabilidades...) se perjudicó a su mismo con sus pretensiones políticas de la pasada legislatura (sin atender sus propios problemas y metiéndose en los de los demás, como el Estatuto de Cataluña). Entonces se reclamó una desvinculación real del poder político. Y ahora, visto lo visto, ya no sé si sería mejor un mayor control.

La imagen de un juzgado, de cualquier juzgado, plagado de carpetas apiladas en cualquier sitio es descorazonadora. Nadie, absolutamente nadie, ha movido un dedo para que la Justicia se informatice, para que se facilite el trabajo de los funcionarios y de los propios jueces. Sólo ha habido parches y promesas incumplidas , y así es muy difícil que funcione nada. Y aquí entran en juego dos administraciones, la central y la autonómica(en Madrid, por ejemplo, desde hace ya muchos meses, en los Juzgados de Plaza Castilla hay un gran cartel que exige a Esperanza Aguirre que cumpla los compromisos adquiridos). Se puede decir claramente que la sucesión de políticos que han cogido la cartera de ministro han fracasado. No sé muy bien desde cuándo, pero sin duda podríamos hablar de las etapas de gobierno de Aznar y Zapatero. Margarita Mariscal de Gante, Ángel Acebes, José María Michavila, Juan Fernando López Aguilar y Mariano Fernández Bermejo. Alguno ha hecho más cosas que otros, pero ninguno ha sido capaz de modernizar la Justicia. Ni con pactos ni sin ellos.

La ligereza con la que algunos hablan de los jueces tampoco contribuye a la mejoría de la Justicia. Y da la sensación de que los medios de comunicación han excedido con mucho su función. Casos hay muchos, pero la famosa cacería en la que coincidieron Garzón y Bermejo es el mejor ejemplo. ¿Por qué hay tanto valiente que se atreve a insinuar que hubo una connivencia entre juez y ministro para lanzar la operación judicial contra la trama de corrupción que está afectando muy seriamente al PP y, sin embargo, nadie se atreve a decirlo claramente? La pregunta tiene fácil respuesta: se pretende influir de forma decisiva en la opinión pública pero protegiéndose de una denuncia que sin duda ganaría Garzón. Se le está acusando de prevaricar sin hacerlo. Se tira la piedra, se esconde la mano. La justa, necesaria y legítima crítica a la función de los jueces no es eso. Tampoco criticar a un juez cuando actúa contra los corruptos de un partido y aplaudirle cuando lo hace contra los corruptos del otro. Eso es ruín.

Y llegamos a la figura de Bermejo. No salgo de mi asombro cuando escucho peticiones de dimisión por la cacería. Más asombrado estoy cuando leo que ese asunto, la cacería, ha hecho que Zapatero pierda su confianza en él. Nadie pide que dimita porque la administración de Justicia sea un caos, pero sí porque un ministro y un juez coincidan en una cacería con otras 40 personas. No me parece ni justo ni sensato que el futuro de un ministro se juegue en sus horas de ocio, que se le juzgue por su privacidad en lugar de por su trabajo, o por la "oportunidad" de sus actividades. ¿Que no sabe hacer bien su trabajo? Perfecto, que se le cese y se nombre a otro. Pero esta forma de actuar me parece perversa y muy perjudicial para todos. Para el Gobierno, porque pierde credibilidad. Para la oposición, porque confirma que las operaciones de acoso y derribo por temas triviales funciona. Para la gente, que no sabe muy bien por qué se cesa a un ministro. Y para la Justicia. Porque cada vez es menos justa en demasiados aspectos.

Sólo nos acordamos de la Justicia cuando falla

El triste y lamentable caso de la pequeña Mari Luz demuestra lo masoquistas que somos en este país. Nunca nos importa nada, nunca trabajamos para que los problemas se solucionen, pero cuando algo grave sucede se multiplican las quejas. Todos ponemos el grito en el cielo. No hay nadie que no se pregunte cómo es posible que pueda pasar algo así. Casi todos se han formado ya una opinión de quién, al margen del asesino, es el culpable de que esa cría no esté en casa con su familia.

A tenor de lo que ya se ha publicado, lo más probable es que fuera una serie de fallos en cadena, achacables a muchas personas e instituciones, lo que permitió que el miserable Santiago del Valle estuviera en la calle, cuando debía estar en prisión, y tuviera la desgraciada ocasión de acabar con la vida de una niña pequeña. Pero los implicados han adoptado dos posturas: o bien eluden toda responsabilidad o bien se la achacan a otro. Y así no se evitan los males.

Lo triste de este asunto es que se olvidará. No se va a conseguir que los juzgados compartan información. No se va a crear un registro central en el Ministerio de Justicia. Los funcionarios no van a ser más responsables en su trabajo. Los jueces no van a vigilar mucho más el funcionamiento de sus juzgados. Si acaso, todos actuarán de forma más responsable durante los próximos seis meses. Después se olvidará. Hasta que se produzca un nuevo escándalo de este tipo. Y entonces toda esta perversa rueda comenzará a girar.

No es éste un fenómeno propio de la Justicia, ni mucho menos. Creo que todos podemos relatar casos de compañeros de trabajo que eluden su responsabilidad. Un negligencia periodística acabará con una información falsa o equivocada. Una en la construcción, con un obrero muerto. Una médica, con una muerte inesperada. En la administración de Justicia, con un criminal en la calle. Hay diferentes grados de responsabilidad, pero siempre hay responsabilidad al hacer un trabajo. Pero nadie quiere verlo hasta que sucede una desgracia. "¡Qué más da!", es la frase que a todos estos negligentes irresponsables les encanta pronunciar. Hasta que da, y cuando da nadie se hace responsable.

Siempre he pensado que las cosas son mucho más fáciles de lo que parecen. Si un juzgado no se permitiera el lujo de dejar sin cubrir una vacante de 43 días por enfermedad, si un funcionario no dejara para más adealnte la ejecución de una orden que tiene sobre la mesa, si un juez controlara el cumplimiento de sus autos, si las autoridades judiciales compartieran la información que tienen, si el Consejo General del Poder Judicial fuera de verdad el órgano de control de los jueces, si el Ministerio de Justicia entrara a fondo en la resolución de los problemas, quizá, y sólo quizá, todo esto no habría pasado. Pero ha pasado. ¿Por qué? Que no se olvide por qué ha pasado todo esto.

Otro apunte totalmente distinto sobre este caso. Ahora se ven imágenes de hace unos años de quien está acusado de asesinar a Mari Luz, haciendo declaraciones a programas de televisión, diciendo que él jamás abusaría de su hija, quejándose de lo fácil que es acusar a alguien sin pruebas o incluso amenazando con demandar al Estado. A ver si los medios de comunicación hicieran de una vez autocrítica y dejaran de dar el micrófono a personajes como poco sospechosos. Primero se investiga lo que se va a difundir y después se difunde. Qué fácil es que un personaje culpable se defienda en televisión y consiga simpatías de la gente. Qué fácil es hacer un programa cuando no se contrasta nada de lo que se emite. Qué fácil y qué triste.

Y un apunte más sobre este caso. Un oyente que llamó hace unos días a un programa de Radio Nacional propuso que el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia se le concediese a Juan José Cortes, padre de Mari Luz. Todas sus declaraciones desde que desapareció su hija han sido un canto a la tolerancia, a la justicia y de respeto al sistema. Podría haber reclamado venganza, violencia y sangre. Muchos le hubieran entendido, e incluso apoyado. Pero no lo hizo. Y con el dolor que tiene que suponer la muerte de una hija, sus palabras son aún más ejemplarizantes. Quizá va siendo hora de que unos premios como aquellos bajen a la tierra y premien el coraje, la entereza, la dignidad y el saber estar de una persona corriente, de la calle.

El PP por un lado, la Justicia por otro

El intento del PP de judicializar la vida política dentro de su política frentista del no a todo (tener a Forges para ilustrar esa política es un lujo), lleva un camino abocado al fracaso desde hace mucho tiempo. Son incontables los recursos que ha presentado el PP y los asuntos que ha intentado que no llegaran a los tribunales. No lo está consiguiendo, no. Presenta a bombo y platillo recursos y querellas, sus dirigentes se hacen fotos sonrientes junto a la Audiencia Nacional o el Tribunal Constitucional, dan por seguro que la Justicia les va a dar la razón porque sólo ellos pueden tenerla... y luego se tienen que esforzar en ocultar el revés judicial, claro. Que algunas decisiones de los jueces se conozcan precisamente ahora, tan cerca del 9 de marzo, evidencia el fallo en el cálculo electoralista que hicieron los actuales dirigentes populares cuando se lanzaron a esta carrera desaforada.

Ayer el Tribunal Constitucional desestimó el recurso que presentó el PP contra la paridad en las listas electorales que refleja la Ley de Igualdad. Sobre aquel tema hubo declaraciones en contra de la Ley, tachándola alegremente de inconstitucional, y manifestaciones públicas. Me imagino que ahora habrá silencio administrativo, el mismo que pesa sobre todo aquel asunto que no gusta a los populares. Hace un par de días se conoció la sentencia final sobre el caso del Hospital Severo Ochoa, que tampoco dejaba en muy buen lugar la actuación de la dirección nacional del partido y del Gobierno de la Comunidad de Madrid que presidía entonces y sigue presidiendo Esperanza Aguirre. Ésta, por cierto, ahora se niega a hablar del tema ante los medios con malos modos, ignorando la responsabilidad de su cargo y la información que le debe a los madrileños.

Pero no son los únicos reveses judiciales que ha vivido el PP a lo largo de la legislatura, que va, ha tenido muchos más... Hace también muy poquito la Justicia decidió seguir investigando el accidente del Yak-42 y la vergonzosa gestión de los detalles de este asunto que hizo el Ministerio de Defensa que dirigía Federico Trillo. Y quién puede olvidar la tan defendida teoría de la conspiración sobre el 11-M que dirigentes populares y su corte mediática han defendido con tanta vehemencia. La Justicia tumbó también ese bulo con una rotunidad aplastante, a pesar de que medios afines insisten en que ETA tuvo algo que ver seguro.

Queda un revés judicial que, de producirse, debiera ser definitivo para las aspiraciones del PP en los tribunales: el Estatuto catalán. Si los populares no consiguen ganar ese recurso (y si no ganan las elecciones, obviamente, que el poder quita muchas penas...), su ya dudosa (por utilizar un eufemismo y no decir directamente nula) credibilidad quedará tan arrastrada que será difícil recuperarla a menos que afronten una renovación total después del 9 de marzo. Ayer decía Rajoy que "las denuncias no se tienen por qué ganar siempre". Eso es cierto. Pero el PP se está acostumbrando a denunciar tanto y ganar tan poco que habría que cuestionarse la ética y los resultados de este procedimiento para ganar electores.

¿Y por qué no lo hacen siempre...?

Este de aquí es Sergi Xavier Martín Martínez. Es el individuo que se dedicó a pegarle a una chica ecuatoriana en un tren de Barcelona. A estas horas todavía desconozco qué habrá decidido hacer el juez con él. Yo lo tengo claro. No veo a este tipo preparado para la vida social. La condena debiera ser ejemplar y ejemplarizante. Pero no quería analizar el caso de fondo, que es tan obvio que poco debate puede haber.

De lo que quiero hablar es de todo lo que ha movido este caso. Porque creo que estamos cometiendo muchos errores en la gestión del mismo. Es obvio que la agresión es deleznable y perseguible, pero estamos dando la sensación de que es la primera vez que pasa. ¿Por qué no queremos darnos cuenta de la realidad? ¿Por qué sólo periodistas e instituciones políticas y judiciales se mueven cuando hay imágenes como en este caso (y a veces ni siquiera cuando las hay)? ¿Por qué no muestran esa buena y justa voluntad siempre?

Los medios de comunicación tienen un enorme poder. Ese es el poder que, a mi juicio, hay que utilizar para denunciar las injusticias sociales como ésta. En este caso, ha sido el poder de los medios de comunicación el que ha generado alarma social y, probablemente, que actúen de otro modo las instancias políticas y judiciales, y eso es una gran noticia. Pero a veces asombra tanto foco sobre un solo caso puntual y tan poca atención sobre otros. Hace no demasiadas fechas, un joven negro fue salvajemente agredido y las lesiones que sufrió le han dejado postrado en una silla de ruedas. Ayer La Sexta Noticias, en la edición que presenta la estupenda Helena Resano, volvió a sacar imágenes de este caso. Pero esta barbaridad, que además tiene unas secuelas físicas irrecuperables, no ha generado la respuesta que sí se ha producido en este otro caso, el de la joven ecuatoriana.

Otro error de los medios de comunicación ha sido recoger las declaraciones de este tipo, que ha hablado como si mereciera la pena escucharle. Quien tiene que oírle es el juez y sólo el juez. ¿Qué interés puede tener escuchar en televisión al protagonista de una agresión física y verbal, racista, machista y sin sentido? ¿Por qué le ponen un micrófono en la boca como si su versión de algo tan repudiable tuviera interés periodístico? ¿Por qué parece que tienen sus palabras el mismo valor informativo que la de la víctima de su agresión? Ya está bien de dar la palabra y escuchar a agresores (lo mismo podría decirse para cualquier criminal, y eso incluye a ETA, pero ya sabemos que hay periodistas más empeñados en criticar al Gobierno o a cualquier institución del Estado que a censurar los comportamientos ilegales; pero ese es otro tema...).

Me parece maravilloso que el ministro de Justicia, Fernández Bermejo, atienda la alarma social que ha provocado este caso y haya dado instrucciones para que la Fiscalía actúe contra este tipo y acabe en la cárcel. ¿Pero de verdad es necesario que se produzca todo este circo para actuar? ¿Por qué la Justicia no se moviliza igual cada vez que hay un trato vejatorio, discriminatorio y violento hacia cualquier ciudadano? Da la sensación de que si no sales en la televisión no eres nadie, y eso puede valer para el famoseo, pero nunca para el ciudadano de a pie. Da la sensación, una vez más, que la Justicia tiene graves lagunas, ya sea por falta de medios o de interés, que provocan que acciones como ésta puedan quedar sin el castigo que merecen si no se da una conjunción de acontecimientos que lo facilite.

Es impresionante ver que el Gobierno ecuatoriano se moviliza para poner todos los medios al servicio de esta chica y su familia (han enviado a la ministra de Exteriores y le han prometido los mejores abogados del Estado), pero ¿de verdad creen los políticos de aquel país sudamericano que es la primera ecuatoriana que sufre episodios como éste? En ese mismo informativo de La Sexta del que hablaba salieron cuatro o cinco ecuatorianos que relataron episodios de agresiones verbales, y estoy seguro de que si nos tomáramos la molestia encontraríamos otros compatriotas suyas que han vivido agresiones físicas como las de esta joven. Puede que incluso peores. Y quien dice ecuatorianos, dice inmigrantes de cualquier otro país. Pero en esos casos nadie se ha movilizado para que los crímenes que han sufrido no queden impunes.

Soy el primero que quiere que este tipo sufra un castigo ejemplar, y ojalá sirva para evitar algún caso futuro como éste. Además de las ya famosas imágenes del tren, su chulesca actitud posterior le delata como alguien que no tiene la más mínima preparación para convivir con otras personas, con el resto de los ciudadanos. Pero este caso revela igualmente una injusticia: la que sufren otras tantas personas agredidas de alguna manera y a las que no prestamos atención. Eso también es desigualdad. Y la culpa es, sobre todo, de medios de comunicación, políticos y jueces. Porque en su mano está prevenir e impedir sucesos como éste.

Justicia

De un tiempo a esta parte, la Justicia se ha visto implicada en el juego político. Seguro que más de lo que le hubiera gustado. Nuestros políticos, esa clase privilegiada donde las haya, hablan de hacer Justicia, de dejar trabajar a la Justicia, de que se busca influenciar a la Justicia... Y lo más gracioso de todo es que ellos mismos, como en tantos otros ámbitos, incumplen lo que ellos mismos predican.

Ayer se produjo en Bilbao una manifestación, a la que acudieron 45.000 personas, en contra de la citación judicial a la que debe responder el lehendakari, Juan José Ibarretxe, por haberse reunido con el portavoz de la ilegalizada Batasuna. Vaya por delante que este proceso me parece una chorrada y creo que acabará archivado, pero me hace gracia el lema de la marcha: "En defensa de nuestras instituciones". La citación a Ibarretxe parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. ¿Esa no es una de "nuestras instituciones"? ¿No será que en realidad lo que estamos haciendo es defender a una cabeza visible de nuestro partido? ¿Hubieran respaldado PNV, EA y Ezker Batua una manifestación similar si, pongamos por caso, el lehendakari fuera socialista? Estoy seguro de que no.

Para el PP, esta manifestación era una coacción a los jueces. Decía su secretario general, Ángel Acebes, que era un fuerte ataque a la independencia judicial porque "en definitiva, lo que están diciendo es que nos manifestamos porque el Gobierno vasco tiene que estar por encima de la ley". A ver, que no me aclaro. Es un ataque a la independencia judicial censurar la investigación de una reunión entre Otegi e Ibarretxe pero no lo es poner en duda toda la investigación judicial, dos años de trabajo, de los atentados del 11-M. Claro, es que una investigación me gusta y la otro no. El propio Acebes da las claves de por dónde van sus afirmaciones al culpar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de la manifestación en apoyo a Ibarretxe, por no haberla censurado. Podía haber dicho antes que sólo quería utilizar un asunto ajeno al Gobierno para criticar al Gobierno y habríamos valorado sus declaraciones desde el principio como lo que son, una pérdida de tiempo para todo el mundo.

Para ese mismo PP, los jueces sólo podían haber tomado una decisión con el etarra De Juana Chaos, dejarle en prisión, porque cualquier otra cosa sería un menoscabo del Estado de Derecho. Al terrorista se le denegó el tercer grado y el arresto domiciliario porque, argumentaron los jueces, es el único responsable de su estado de salud por su huelga de hambre. Los populares ya habían culpado al Gobierno de esta situación (clara defensa, como se puede comprobar, de la independencia judicial) incluso antes de que se produjera. Y para el PNV, justo lo contrario. Según su portavoz, Iñigo Urkullu, la decisión de los jueces demuestra la existencia de "regímenes de excepcionalidad, desconsiderando las propias leyes, con interpretaciones más políticas que pueden llevar a una dinámica de acción-reacción". Vamos, que la culpa de esta decisión judicial, en otro alarde de defensa de la independencia de los jueces, también debe ser del Gobierno. Curioso, desde luego...

Lo peor de todo es que siempre había pensado que la Justicia en nuestro país no es del todo justa. Siempre quedarán para desanimarme casos como el de Farruquito o el de una mujer muerta a manos de su ex pareja después de docenas de denuncias, pero lo cierto es que, en materia de terrorismo, estoy tranquilísimo con nuestra Justicia. Aunque sea de forma lenta, me está dando la razón en los pasos que considero lógicos. Ni De Juana Chaos está en la calle, ni Ibarretxe está en la cárcel. Yo sí confío en la Justicia, más por supuesto que en los políticos, y lo demuestro esperando a que dicten sentencia para valorarla. Porque respetar a la Justicia no implica darle la razón en todo lo que dicte, ojo, que ese es un error muy común. Pero sí implica acatarlo con respeto, algo que nuestros políticos, sobre todo los de los extremos (PP a un lado y PNV al otro) no parece que sepan hacer.