¿Derecho de huelga? Abuso al ciudadano, más bien

Recurro al diccionario de la Real Academia de la Lengua para descubrir que una huelga es la "interrupción colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar ciertas condiciones o manifestar una protesta". Siempre he sido un firme partidario de la huelga como elemento de presión al empresario. Sólo he hecho una huelga en mi vida, la que se convocó en protesta por el famoso decretazo de Aznar. Y me costó mi día de sueldo (que sacrifiqué con gusto por una causa en la que creía) aunque la empresa nos había dicho que no nos lo iba a restar. La primera en la frente, sobre todo para los idealistas que quedaran en este país...

Pero en realidad lo que quería decir en esta ocasión es que, en línea con mi creciente escepticismo en casi todas las materias de la vida real, cada vez creo menos en las huelgas. El motivo es que parecen convocadas no para reivindicar condiciones laborales o manifestar una protesta, como dice la definición de la RAE, sino para incordiar al ciudadano de a pie. Para abusar de su paciencia. Para complicarle la vida. Porque las huelgas están muy bien, pero ¿por qué siempre coinciden con aquellos momentos en que más molestan a las personas normales?

Qué casualidad que las huelgas del SEPLA (cruzo los dedos, que este año no ha habido ninguna después de la que se montó el año pasado) sean siempre en agosto. Que casualidad que esta reciente huelga encubierta de Renfe (término que, por cierto, no deja de ser un eufemismo de ilegal; ¿por qué no se toman medidas para descubrir si efectivamente tantos maquinistas se han podido poner enfermos al mismo tiempo, algo que no se cree nadie?) sea en pleno verano y deje a miles de pasajeros en tierra. Qué casualidad que la huelga de los basureros en Almuñecar coincida con las fiestas patronales, que, por descontado, se han tenido que retrasar. Me dirán que esa acusada molestia al consumidor es lo que hace efectiva la huelga, pero en realidad lo que hace es provocar una justificada antipatía hacia los huelguistas por parte de los afectados.

Porque sus huelgas serán todo lo justificadas que quieran. Pero si a mí me fastidian unas merecidas vacaciones que me han costado una pasta y que llevo un año esperando, lo primero que hago es acordarme de la santa familia del huelguista. Y lo mismo digo de quienes no sólo no limpian sino que ensucian (¿eso no se supone que no se puede hacer impunemente?) las calles de una ciudad. O quienes obligan a retrasar una fiestas patronales. O de quienes, en general, se centran más en arruinar los buenos momentos a la gente que en hacer sus probablemente justas reivindicaciones.

Lo que está claro es que la ley que regula el derecho de huelga es una de las más obsoletas que tenemos en España. Data nada menos que de 1977, y digo yo que algo habrá cambiado la sociedad española en los últimos 30 años como para que sea necesaria una revisión de ese texto. El último acuerdo que se intentó, y que al final no se aplicó, fue en 1993. Yo, desde luego, empiezo a ser partidario de una norma mucho más estricta que la actual en lo que a la huelga se refiere. Desde luego no tan restrictiva como en Estados Unidos (donde sólo el 10 por ciento de los trabajadores tiene derecho a la huelga porque es obligatorio estar afiliado a un sindicato para poder ejercerlo), pero más que la actual. Porque aquí la huelga pasa de ser un derecho a un abuso, y el perjudicado al final no es el empresario, no, siempre es el mismo: el ciudadano de a pie.