Vera y Tamayo: la necesaria reescritura del pasado

Hace unos días escribí aquí que la maquinaria política, mediática y propagandística de la derecha es mucho más poderosa que la de la izquierda. Y la actualidad me ha brindado estos días dos ejemplos fabulosos para corroborar esa afirmación y que hacen necesario reescribir un pasado que muchos daban por cierto tal y como lo vendieron por su propio interés personal.

El primer asunto es la resolución que ha dictado el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, pidiendo la repetición del juicio por el secuestro de Segundo Marey, uno de los crímenes de los famosos GAL, archiutilizados en su política de confrontación a cualquier precio por el PP, ese partido que considera ya pasada la guerra de Irak pero no este negro episodio de la historia de España. Por este asunto fueron condenados a penas de prisión el ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera (en la foto).

Fue Vera quien presentó el recurso a esta instancia judicial, después del fallo en su contra tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional. Y ahora el Tribunal de Estrasburgo ha pedido la repetición de aquel juicio, ojo a los motivos, por "la infracción del derecho de presunción de inocencia" y "la falta de imparcialidad del juez instructor". Aquel juez era Baltasar Garzón, en plena cruzada contra el Gobierno socialista de aquellos años después de que Felipe González no satisfaciera la ambición del magistrado de convertirse en ministro. Como dice Vera, a estas alturas da un poco igual ya esta resolución y además es triste que la dicte un tribunal internacional y no uno de nuestro país. Y como lo califca el propio ex secretario de Estado, todo esto ha sido un "tsunami político-mediático-judicial" que ha durado nada menos que doce años.

El otro asunto que me sirve para confirmar mi teoría es el famoso Tamayazo, aquella maniobra de dos diputados socialistas que privó a Rafael Simancas de ser el presidente legítimo de la Comunidad de Madrid y otorgó al PP la posibilidad de recuperar esa plaza en unas elecciones repetidas. Se constituyó entonces una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para investigar por qué Eduardo Tamayo y Teresa Sáez impidieron que PSOE e IU gobernaran en coalición después de que Esperanza Aguirre no lograra la mayoría absoluta. Una comisión, por cierto, en la que el PP vetó que se incorporara documento alguno (los populares no hablaron entonces de un "cierre en falso" como con la del 11-M, no...).

El caso no llegó a los tribunales. ¿Por qué? Pues muy fácil. El actual ministro de Justicia, fiscal jefe de Madrid cuando se produjeron aquellos hechos, Mariano Fernández Bermejo, ha afirmado que fue porque el entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal (el mismo que no permitió que se investigara al ministro Piqué, por ejemplo), prohibió toda investigación de este asunto tanto a Fernández Bermejo como a quien era fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo. "Por primera vez en la historia de la democracia se prohibió a los fiscales investigar lo que había pasado. Se nos prohibió, no hubo manera. Pero ¿por qué? ¿Qué había que ocultar? ¿Es que había algo que temer por una investigación?", se ha preguntado el hoy ministro.

Lo que dicen tanto Vera como Fernández Bermejo no es nuevo. Son las mismas posiciones que mantuvieron cuando se produjeron estos hechos, los primeros hace doce años y los segundos hace solo cuatro. El primer caso era el que utilizó la maquinaria de la derecha para derribar al Gobierno de Felipe González durante años y para provocar la caída del PSOE tras la retirada de Felipe de la primera línea política. El segundo sirvió para que Esperanza Aguirre, la misma que inaugura hospitales que no están acabados, la misma que propicia la salida de Telemadrid de directores de informativos que le hacen preguntas incómodas, no perdiera el poder en la Comunidad de Madrid. Reescribamos la historia porque hay personas que tienen derecho a ello.