Ellos sí, el resto no

Para que la política sea política, hay que desterrar muchas costumbres asumidas dentro de la normalidad del día a día. Habría que acabar con la hipocresía, con la crítica oportunista, con las campañas electorales vergonzosas y vergonzantes, con todo aquello que distrae del debate de ideas, propuestas y soluciones. Pregono una utopía, lo sé, sueño con absolutos imposibles y con una política que jamás voy a vivir. Así que sólo me queda el recurso al pataleo, porque si hay algo que no soporto, y más en la actuación de un político, es la hipocresía. Eso, por encima de todas las cosas, es lo que más me duele de quien se supone que representa a los ciudadanos antes las instituciones. Me parece ruín eso de que ellos puedan hacer lo que quieran pero el resto no, que critiquen a los demás lo que ellos mismos hacen o hicieron, que el mundo se vea siempre de un color diferente en función de quién sea el beneficiado o el perjudicado, que un doble rasero presida todas y cada una de las declaraciones de los políticos que ponen sus nombres en las papeletas y que ellos y sólo ellos siempre sean los buenos y los demás los malos.

En los últimos días hemos tenido todo un festival de declaraciones y actos que evidencian que en los estatutos del PP habría que mencionar en algún momento eso del doble rasero. Más que nada para dar traza de legalidad a los hechos consumados que nos sirven en bandeja Mariano Rajoy y los suyos. Empecemos. Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, dijo lo siguiente al conocer que el Tribunal Supremo ha abierto una investigación al juez Garzón por un delito de prevaricación: "Ese auto refuerza la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho, yo lo valoro positivamente, pone de manifiesto que no hay ningún ciudadano, incluido el juez Baltasar Garzón, que esté por encima de la ley". Estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, en serio, estoy totalmente de acuerdo con estas palabras de Sáenz de Santamaría. Al cien por cien. No hay ningún ciudadano por encima de la ley. Ni siquiera... el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Entra tanto en la normalidad democrática que el Supremo investigue a Garzón como que Garzón investigue a Camps.

Pero resulta que para ellos no es así. Para ellos sólo es normal que investiguen a los demás, y especialmente a quien ha osado investigarles a ellos, claro. Entre todos los dirigentes populares que han dicho absolutamente de todo a quien ha investigado (sea juez o periodista), publicado o siquiera refrendado un apunte de corrupción relacionado con algún miembro del PP (por insignificante que sea), hay que quedarse con lo que dijo el jueves Mariano Rajoy. En un mitin de esta absurda campaña electoral en la que estamos inmersos, mitin que se celebró en Santa Cruz de Tenerife, el líder de la llamada oposición dijo que quien no se ha disculpado por asumir una postura crítica acerca de los casos de corrupción vinculada a los populares mantiene un "carácter antidemocrático, fascista y antiliberal". Lo dicho, que ningún ciudadano está por encima de la ley, pero si a alguno se os ocurre decir que alguien del PP se ha podido saltar la ley, ya sabéis, sois unos fascistas. Ellos pueden, los demás no.

Lo mismo pasa con la más reciente acusación a Zapatero: el uso de un avión militar para ir a un mitin del partido. Partamos de la base de que me parece absurdo disponer de un transporte oficial por razón de un cargo público (sea un coche oficial, sea un avión del ejército, sea un teletransporte interestelar) y no usarlo. Vamos, que yo no veo polémica por ningún lado. Me parece igual de lícito y justificable que Zapatero vaya en avión militar a un mitin, porque no deja de ser presidente del Gobierno en ningún momento del día, como que miembros del gobierno valenciano usen el coche oficial para ir a misa. Pero, claro, el PP ataca a Zapatero. "Que lo pague, que lo pague, claro, claro", coreó Javier Arenas en otro mitin de su partido el otro día. En alusión a Zapatero, por si alguien se ha perdido. Y resulta que ahora se ha publicado que Rajoy, cuando era vicepresidente del Gobierno, usaba el mismo avión con fines similares a los que le achacan a Zapatero. O Federico Trillo como ministro de Defensa, que parece que tenía una parada de Falcon en la base militar más cercana a su pueblo natal. Ellos pueden, los demás no.

Porque con Zapatero o los socialistas que le siguen no hay presunción de inocencia, ya lo sabemos. Que se lo pregunten al ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien presentó su dimisión después de uno de esos pseudoescandilillos que se montan en la prensa de vez en cuando. ¿Se la ha juzgado por algo? ¿Se le ha condenado por algún delito inconfesable? Ya sabéis la respuesta: no. Pero su dimisión, para el PP, era absolutamente imprescindible para el buen funcionamiento de eso que llaman el Estado de Derecho y que no sé si todo el mundo sabría explicar lo que es. Eso sí, que a nadie se le ocurra pedir la dimisión de Federico Trillo (antes como ministro, ahora como diputado y como, ironías de la vida, portavoz de Justicia del PP en el Congreso) por el escándalo del Yak-42, uno de los grandes borrones de la democracia española que se saldó con cero dimisiones políticas. Si se pilla a un socialista, es un escándalo que no dimita. Si se pilla a un popular, lo escandaloso es que se le pida que dimita sin una condena firma. Y así sigue Fabra donde sigue. Ellos pueden, los demás no.

El de Garzón no es el único desliz que ha tenido recientemente Sáenz de Santamaría al hablar de resoluciones judiciales. Cuando una resolución judicial permitió a Iniciativa Internacionalista (la candidatura relacionada con el mundo abertzale) concurrir a estas elecciones europeas, la portavoz popular criticó la sentencia y añadió que la acataba. Lo que me preocupó fue el matiz. "Porque no me queda más remedio", dijo. Claro, porque si tuviera más remedio ya se buscaría un medio para saltarse el impedimento, supongo. Las sentencias hay que acatarlas por convencimiento, porque forman parte del aparato que se encarga de velar por la correcta sanción de aquellos que se saltan la ley. Si empezamos a pensar que hay resoluciones judiciales o leyes (¿quién me va a decir a mí el vino que me puedo tomar antes de coger el coche?), el convencimiento es nulo. Cuando conviene, es que el Estado de Derecho es fuerte. Cuando no conviene, de la que os habéis librado porque no podemos hacer nada. Y ojito con sumarte a una investigación judicial a alguien del PP, que entonces se te considera fascista. Ellos pueden, los demás no.

La guinda del pastel, no podía ser de otro modo, viene de la Iglesia, una guinda rematada desde Génova. Nos cuenta el cardenal Antonio Cañizares que el aborto que propugna, dice, este Gobierno perverso y demoníaco que encabeza Zapatero (ya os lo dije una vez, lo repito ahora: ¡se va a comer a vuestros niños!) es infinitamente peor que los abusos sexuales sobre niños (y añade una autorizada voz religiosa que, vista la política de este Gobierno, lo que habría que hacer es despenalizar la violación). En primer lugar, no sabía que había rangos en los diez mandamientos(confío en que la próxima aclaración que me hagan desde la Iglesia sea si es más grave incumplir aquello de "no robarás" o lo de "no consentirás pensamientos ni deseos impuros". Y en segundo lugar, me gustaría que me explicara el cardenal Cañizares si los abortos practicados con el PP en el Gobierno eran igual de graves que los practicados en los años de Zapatero en La Moncloa, que de eso no suele comentar nada y la Ley del Aborto tienen ya unos cuantos años de vigencia.

En estas llegó Jaime Mayor Oreja, cabeza de lista del PP en esas elecciones al Parlamento Europeo que dicen que se celebran el próximo 7 de junio, y este político popular que tanto alabó a un antepasado suyo por prohibir el euskera en su casa (ellos pueden, los demás no; ¿o hay que recordar el follón lingüístico que ha montado este partido en Cataluña por lo contrario...? A mí es que no me va eso de prohibir o marginar lenguas, sean las que sean, qué le vamos a hacer...), dice que lo que ha hecho es normal, simplemente es "una ordenación" que entiende como lógica, pues "lo raro es que hiciese lo contrario". Es decir, lo raro sería que desde la Iglesia se considerara peor la violación que un aborto. Dice Mayor Oreja que no entiende el escándalo con estas declaraciones. Pues se lo explico yo. Sería bueno que tanto la Iglesia como el propio Mayor Oreja supieran diferenciar lo que es legal de lo que no lo es. El aborto, en los supuestos que dicta la Ley, es legal. Violar niños me da a mí que no. Esa es la polémica, que un destacado líder de quien se supone organiza la fe de la mayoría de los españoles vea mucho más condenable el ejercicio de un derecho que un delito penal. Pero ya sabéis, ellos pueden y el resto no.