Rodillo y carpetazo

Cada día que pasa se me hace más difícil entender la política que se hace en España. Son tantas las cosas que pasan que la tentación de mandar a freír espárragos a todos los políticos es intensa y muy merecida. Yo no sé si en otros países se juntan tantas cosas en tan poco tiempo, pero yo ya no sé qué pensar. No sé si en esto Spain is different también o si somos como los demás. Lo que sé es que en los últimos tiempos, entre otras muchas cosas, he visto a consejeros en yates de constructores, a presidentes autonómicos despilfarrando en un coche oficial, a ministros reformando por millonadas pisos de Patrimonio Nacional en los que viven, a alcaldes y consejeros espiados por tramas de espías ilegales, a presidentes autonómicos mantener largas charlas con sus sastres, a la hija de una concejal gastarse 30.000 euros en bajarse episodios de Perdidos con la tarjeta municipal, a un tipo que nadie conocía intentar un chantaje al presidente del principal partido de la oposición con un vídeo en el que decía que Fraga "está gagá", a un consejero decir que en realidad no compra un chalet de dos millones de euros que se está construyendo bajo la supervisión de su mujer...

Estos episodios, siendo muy benévolo, dejan la política española por los suelos, arrastrándose en el barro, generando una desconfianza absoluta en la sociedad. Todo esto son cuestiones en las que el político aprovecha su posición para sacar partido de alguna manera. Lo que en román paladino se llama corrupción, vamos. Pero siendo todo esto gravísimo, deleznable, condenable y perseguible judicialmente (que para eso estamos hablando de dinero público, del dinero de todos), lo que más desprecio de la política es el uso perverso de sus propios mecanimos. Y si hay algo que detesto por encima de todo es el rodillo parlamentario. Lo peor que tiene el sistema electoral español, y lo ha demostrado ya con creces, es la mayoría absoluta. Tener más de la mitad de los representantes en cualquier cámara legislativa se ha revelado como el peor enemigo de la democracia. Pasó con Felipe González y José María Aznar en el Congreso de los Diputados y pasa muy a menudo en los parlamentos autonómicos.

La reflexión viene a cuenta de la decisión unilateral, interesada y vergonzosa del PP de cerrar la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre los espionajes a cargos de su porpio partido en la Comunidad y en el Ayuntamiento. Hoy se ha acabado esa investigación sin que se haya investigado nada. Se creó una comisión para escurrir el bulto y ganar tiempo, con ganas de cerrarla incluso antes de abrirla (como dejó claro Esperanza Aguirre cuando dijo algo así como que se iba a investigar pero que no había nada que investigar). Y se ha cerrado en cuanto se ha podido. El rodillo parlamentario se llevó por delante la petición de muchas comparecencias que parecían necesarias para esclarecer lo sucedido. Ese mismo rodillo retrasó el inicio de los trabajos de la comisión hasta que se celebraran las elecciones gallegas y vascas, no fueran a interferir con las aspiraciones de voto del PP. Ese mismo rodillo cercenó las posibilidades de investigación y, finalmente, ha dado carpetazo definitivo a los trabajos. Seguiremos teniendo espías cruzados en Madrid porque el poder político prefiere que sea así.

Bien pensado, es asbolutamente ridículo pretender que se investigue a sí mismo quien puede haber cometido irregularidades, lo que deja la única espernanza para estos y otros muchos casos en la Justicia (siempre y cuando no haya intereses cruzados, claro, y aquí se me viene a la cabeza que un juez que es más que íntimo amigo de Francisco Camps decidirá si se imputa al presidente de la Generalitat Valenciana en la trama de corrupción que ha llenado páginas y páginas de periódicos estos días). En realidad lo que sucede es que el poder legislativo es preso de quien ha ganado unas elecciones. Por injusto que sea cualquier cosa que haga quien detente el ejecutivo, no hay freno posible desde el legislativo. Y eso supone inutilizar por completo un Parlamento autonómico, que actuará sólo al arbitrio de quien detenta el poder ejecutivo. En otras palabras, estamos pagando sueldos con dinero público a personas que no quieren (los amigos de los que mandan) o no pueden (los que no mandan) realizar su trabajo. Y ya puestos a verlo desde este prisma, quienes conformaron durante tan poquito tiempo la comisión que debía investigar la trama de espionajes me imagino que habrán cobrado por ello, ¿no? Van a cobrar dinero público por nada. Y luego dicen que hay crisis.

Las comisiones de investigación son un fraude al ciudadano, y es hora de decirlo claramente. Es absolutamente imprescindible reformar la Ley para que los trabajos y las conclusiones de estos grupos de trabajo no dependan en ningún caso de quien tiene el poder. Cuando al PP le interesaba (cuando se constituyó la comisión parlamentaria que investigó los atentados del 11-M, cuando se puso frente al resto de grupos parlamentarios; la diferencia con el caso de Madrid está en que eran muchos los que no estaban en el poder y no compartían la visión de los populares), propuso la figura del relator, un experto externo que redactara las conclusiones de estas comisiones. Ahora no le interesa, claro, y esa figura no ha aparecido en el debate. A mí me parece imprescindible. Hasta que no exista, las comisiones de investigación no merecerán un segundo de mi atención porque son un fraude. Legal, sí, democrático, también, pero un fraude al fin y al cabo.