Mentira acreditada, nula consecuencia

Viendo el entusiasmo con el que Mariano Rajoy ha celebrado el archivo de la investigación contra Francisco Camps, a mí me asalta de nuevo esa sensación de que Spain is different. Todo este caso ha provocado una revolución. Sí, sí, una revolución. Porque del Gürtel han nacido nuevas figuras que, dentro de nada, tendrán que ser de estudio obligatorio en manuales de nuestros futuros jueces, fiscales y políticos. El tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha creado una nueva figura, la del "dimitido temporal", y Camps hizo lo propio con la del "imputado feliz". Lo que ahora resulta de la sentencia no lo voy a valorar con una denominación tan específica como esas tan oportuna y acertadamente creadas por ellos mismos, no vaya a ser que me caiga a mí una querella por decirlo.

Pero la conclusión es obvia, y lo dice la sentencia que ha traído tanta felicidad a Rajoy. Camps ha mentido en sede parlamentaria y, siempre y cuando mantuviera allí la misma versión que ha sostenido siempre en público, en sede judicial. Los regalos existieron. Existen. Son algo tangible. Los jueces así lo asegura en la sentencia. Si no se prosigue con la investigación es porque dos de los tres magistrados entienden que no se puede inferir que los regalos se producen a causa de que Francisco Camps sea presidente de la Comunidad Valenciana o del PP valenciano ni que las personas que los hicieron consiguieron beneficio directo con sus dádivas. Me pasa como al magistrado que ha emitido un voto particular, no entiendo esa interpretación. Camps no es presidente valenciano ocho horas al día y el resto deja de serlo. Si recibe regalos importantes de gente que anda procesada en casos de corrupción, es factible pensar que alguna relación puede haber.

El caso es que con este auto se acredita así la mentira continuada. No lo digo yo, lo dicen los jueces. Ni Camps pagó los trajes, ni Camps rechazó regalos, ni Camps desconocía a las personas que dijo desconocer. Por el momento, no hay juez que haya dicho que hay ilegalidad alguna en todos estos extraños movimientos. De acuerdo. Pero hay mentiras. Claras, manifiestas y verificables. No es cuestión ya de opiniones, ni de confianza en Camps, ni de afinidad política hacia el sujeto de este asunto. ¿Qué va a pasar ante este panorama? Absolutamente nada. Hemos cruzado hace demasiado tiempo un punto de no retorno en el que nuestros políticos tienen manga ancha para hacer cualquier cosa. Pueden mentir. Pueden decir una cosa y la contraria según les convenga. Pueden valerse de sus mentiras para ganar elecciones. Y ahora han demostrado que pueden saltarse leyes a la torera.

Con esto de los regalos a los cargos públicos pasa algo parecido a lo de las primas a terceros en el mundo del fútbol: son ilegales, todo el mundo las conoce y nadie hace nada, ni por perseguirlas ni por legalizarlas. Un presidente del Gobierno, un ministro, un presidente autonómico, un alcalde, no puede recibir regalos. Punto. Lo dice la ley. Es así de sencillo y no cabe aquí debate moral y ético alguno. Como todos se la saltan, qué graciosa es la ley pero cómo vamos a hacerla cumplir. Y cuando cogen a uno saltándosela, en lugar de utilizar este asunto como inicio de una limpieza total y radical de la política, pasamos de la negación más absoluta o decir que es que todos hacen lo mismo. Y a nadie se le cae la cara de vergüenza por admitir públicamente que se salta la ley. Rita Barberá nos lo demostró, con un rizo de la historia sencillamente portentoso. Primero quiso que se procesara al presidente del Gobierno por recibir regalos y después nos dijo que ella también los recibía como todos. ¿Pedía implícitamente su propio procesamiento? Seguro que no. Pero con su habilidad para hacer declaraciones así, seguro que se ha ganado una nueva mayoría absoluta en las próximas elecciones. Tiempo al tiempo.

Lo de Camps me deja otra preocupación. Muy honda. La misma que me dejó el caso del Yak y el hecho de que el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, se haya ido de rositas. Y es que parece que la política cuenta con un paraguas judicial especial, con una protección extraordinaria por parte de los jueces de la que el ciudadano de a pie jamás gozará. Por más pruebas documentales, testimoniales y periciales que haya, da la impresión de que el político goza de una inmunidad casi total. A menos que haya una conjunción de planetas políticos, judiciales y mediáticos, un responsable público actual o pasado jamás sufrirá el azote de la Ley y de la Justicia. Eso es lo que sucedió con los GAL, los Fondos Reservados, Roldán y demás. Desde entonces, y mira que ha llovido desde entonces, esa conjunción no se ha producido. Algunos, como hoy Rajoy, lo celebran. Para mí, es una puñalada más en el corazón de la credibilidad política y judicial.