Cómo no hacer una reforma necesaria

Menuda la han montado nuestros amigos los diputados con su intención de reformar el Censo Electoral de Residentes Ausentes. A modo de resumen, resulta que, según publicó El País hace algunos días, PSOE y PP estarían bastante de acuerdo en limitar bastante el derecho al voto de los españoles que residen en el extranjero. Suena mal y, en realidad, es bastante peor de lo que suena. La idea expuesta en ese artículo es que todo español que no viva en España (que no tenga la residencia en nuestro país) pierda la capacidad de votar en las elecciones municipales y autonómicas (sólo en éstas podrían votar los ausentes temporalmente, pero no quienes tengan fijada su residencia en el extranjero), mientras que en las generales sólo podría votar para el Senado, pero no para el Congreso (lo que, en la práctica, les impide votar por un presidente del Gobierno). Lógicamente, Internet ha sido un hervidero de críticas a esta medida. Críticas que vienen, claro está, de los españoles residentes en el extranjero.

Es importante poner un contexto esta información, porque puede que quien no esté muy familiarizado con el sistema de voto no sepa muy bien en qué nos afecta. En las últimas elecciones generales, el PSOE perdió un senador por Tenerife gracias al voto emigrante. Y aunque no tuvo efecto final, las elecciones en las que Emilio Pérez Touriño fue elegido presidente de la Xunta de Galicia en 2005 estuvieron pendientes de un posible vuelco gracias al recuento de estas papeletas, que se produjo dos semanas después del día fijado para aquellos comicios. Con la Ley de Memoria Histórica, se cacula que unas 300.000 personas han solicitado la nacionalidad española (y es justo que la tengan), pero eso implica muchos votos más y un escenario más complejo a la hora de dar seguridad jurídica. Vam0os, que hay fraude y así lo ha reconocido la Oficina del Censo Electoral. En las generales de 2008, el voto emigrante supuso el 2,3 por ciento del voto total (un porcentaje superior al que consiguieron en esas elecciones, por ejemplo, PNV, ERC o Unión, Progreso y Democracia).

Estoy totalmente de acuerdo en que hay que hacer una reforma de la Ley Electoral, y llevo muchos años abogando por ello. Y también, aunque no me parece uno de los aspectos tan importantes, en el voto emigrante. Pero así no. Así no se hace. Primero, porque supone una prueba más de lo que disfrutan nuestros políticos con la técnica del globo sonda. Consiste en decir una barbaridad a ver cómo reacciona el personal y, en función de eso, actuar. Como los españoles que viven fuera de España han puesto el grito en el cielo, pues ahora parece que se recula. Desde el PSOE ya se ha dicho que dicho acuerdo "está bastante verde y, desde luego, no tan maduro como se pretende dar a entender". Luego dicen que no llegará para las elecciones del año que viene. En cuaqluier caso, por lo publicado en diferentes medios y aunque ningún diregente nacional ha hablado del tema, parece que el PP es más partidario de restringir las condiciones de este voto.

El principal problema de este sector del censo, en todo caso, no está ahí, en el voto de los emigrantes. ¿Que hay problemas con el censo? Que se depure, que para eso se paga a los políticos. Pero el problema más grande que presenta este voto, a mi modo de ver, está en el proceder de los propios partidos y de sus representantes. En todas las elecciones suele haber denuncias a la Junta Electoral por viajes que realizan nuestros políticos al extranjero para captar votos aprovechándose del dinero público. Presidentes autonómicos o ministros siempre hacen algún viaje de estos, siempre en fechas cercanas a unos comicios, a algún lugar con una importante residencia de españoles. Les venden lo mucho que trabajan por ellos para buscar un voto fácil. Por mucho que la Junta Electoral censure estas iniciativas a posteriori, el daño ya está hecho. La campaña irregular ya ha dado sus frutos. Eso es lo que se tendría que prohibir y sancionar con dureza en primera instancia si el objetivo es dar más garantías al voto extranjero.

Pero no. El objetivo primordial de esta reforma, quieran o no, lo digan así o con otros términos, supone restringir derechos. Del votante, nunca del político, claro. Y, ojo, que cualquier medida que se adopte en este terreno puede tener problemas legales y seguro que, de adoptarse en los términos que se están mencionando, acaba en los tribunales. La Constitución reconoce el derecho al voto de todos los españoles, por mucho que ahora algunos quieran restringirlo a los residentes. La idea, con muchos matices, podría tener algún fundamento de cara a las elecciones autonómicas y municipales. Quienes piden que los inmigrantes puedan votar en España en estos comicios se basan en el argumento de que quien vive aquí debe tener la capacidad de influir en la convivencia diaria y en los asuntos que afectan a su vida. Lo mismo podría aplicarse para restringir el voto a los españoles no residentes (aunque falta el debate sobre ese asunto, claro). ¿Pero quitarles el derecho a votar las listas para el Congreso? Lo que hace el Gobierno de la nación es lo que más afecta a estos ciudadanos. Me parece increíble que se plantee quitarles ese derecho.

La Ley Electoral necesita cambios. Sigo pensando que no es justo que un partido regional consiga la misma representación en el Congreso de los Diputados alcanzando un porcentaje de votos sólo en su territorio que un partido nacional por lograr lo mismo en toda España. Sigo creyendo que el Senado tendría que ser la cámara de representación territorial que define la Constitución (y que no es hoy en día) y ser ahí donde encuentren cabida las formaciones regionalistas y nacionalistas. Sigo convencido de que, de alguna forma, habría que evitar cambalaches que den el poder de facto para la elección de gobiernos (sobre todo municipales y autonómicos) a fuerzas minoritarias que apenas tienen respaldo electoral. Y sigo siendo un firme defensor de restringir al mínimo, incluso a suprimir, el gasto electoral sufragado por las arcas públicas. Si quieren comprar votos (que al fin y al cabo en eso parece consistir la campaña electoral), que lo hagan con su dinero y el de sus afiliados. Y que la Ley dé apoyo al Tribunal de Cuentas para actuar con dureza ante estos abusos.

Pero eso no se reforma, no. Los políticos prefieren reformar (y restringir) el derecho de los ciudadanos antes que perfeccionar el funcionamiento de la vida pública. Así no se hace una reforma. Y es necesaria. Pero así no. Los que viven fuera son tan españoles como los que viven aquí. Restringirles el voto es un ninguneo que, además, se estaba haciendo a oscuras, de tapadillo. ¿Qué iban a hacer? ¿Simplemente anunciarles que ya no pueden votar al Congreso? ¿Cómo es posible que nadie se dé cuenta de la indefensión que eso produce? Si no fuera por la noticia de El País, nadie se habría enterado hasta que la cosa ya no tuviera solución. El voto que el ciudadano otorga a un político en unas elecciones no da a nadie carta blanca para hacer lo que se quiera. Y menos aún para contubernios sin luz ni taquígrafos como éste. La política se ha convertido en el arte del oscurantismo. Así nos va. Pero, atención, la cosa todavía puede empeorar.