Gallardón y la inconstitucionalidad

En una de esas tan apasionantes como apasionadas conversaciones políticas que mantengo de vez en cuando con mis amigos, sostuve hace unos días que sospecho que unos cuantos ministros del Gobierno de Mariano Rajoy tienen en su mano la posibilidad de no hacer gran cosa durante la legislatura, pues los focos van a estar puestos sobre las carteras que tienen influencia en la situación económica y sobre el propio presidente. Uno de los ejemplos que saqué durante la conversación fue el de Alberto Ruiz-Gallardón. No espero de él que arregle el atasco en los juzgados ni tampoco que configure una Justicia ni mucho ni poco más independiente del poder político. Me respondían que no, que Gallardón es un tipo que le gusta hacerse notar. Y eso es indudablemente cierto, pero yo iba más por cuestiones de verdadero calado y no polémicas estériles o tácticas de borrado de lo hecho por el anterior Gobierno, cuestiones ambas que forman parte irremediable del ámbito de actuación de cualquier ministro que se precie del color político que sea.

Lo que no esperaba yo es que en poco más de un mes Gallardón exhibiera tantos síntomas de lo mal que funciona la política en España. En aquellos tiempos no tan lejanos en los que el PP militaba en la oposición, si alguien los recuerda, se cocieron en Génova dos recursos de inconstitucionalidad contra dos reformas legales realizadas por el Ejecutivo socialista. Uno, contra la ley que permitía el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, que se presentó en octubre de 2005. El otro, contra la reforma de la ley del aborto, lleva en los archivos del Alto Tribunal desde mayo de 2010. Nótese esa pequeña diferencia, la que supone que el PP presentó ambos recursos estando en la oposición. Porque, ahora, ya en el Gobierno, es Gallardón, insisto, ministro de Justicia nada menos, quien parece que no termina de ver claro lo que suponen estos recursos.

Empecemos, cronológicamente, por el recurso a la ley del matrimonio homosexual. Gallardón dice que no aprecia inconstitucionalidad alguna en la norma. Insisto de nuevo en un par de puntos antes de proseguir: el PP sí la considera inconstitucional porque para eso la ha recurrido, Gallardón forma parte del PP y es, al mismo tiempo y nombrado por el presidente del PP y del Gobierno, ministro de Justicia. Quizá parezca una cuestión baladí, pero ¿puede el ministro de Justicia considerar constitucional una norma y al mismo tiempo defender un recurso presentado por su partido ante el Tribunal Constitucional contra esa misma norma? Olvidaos del sentido común y ya tenéis la respuesta. Gallardón ya ha matizado, tras la polémica levantada, que esperará a lo que diga el Constitucional antes de proponer cambios a la ley, lo que ya había dicho antes Rajoy. Pero ya ha dejado clara su postura, como también el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que ya ha sentenciado que sí es inconstitucional. Grande absurdo el del funcionamiento de la política.

Sigamos con la ley del aborto. Con ésta, a pesar de que también está recurrida al mismo Tribunal, no hay tantos miramientos a la hora de pensar en su modificación. En su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados como ministro de Justicia, el pasado 25 de enero, Gallardón ya anunció la reforma de esta ley. Es decir, que hay un criterio para cada caso en función... ¿de qué? En este segundo, al margen de que la norma en vigor sea más o menos aceptada por la ciudadanía o justa para defender a los afectados, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, aceptamos el criterio de borrar lo hecho por el Gobierno anterior, que prima mucho más que esperar a lo que diga el Constitucional. Por eso, lo que sí creo que es importante destacar es que hay una grave incoherencia en las palabras y comportamientos del ministro que no es más que el reflejo de cómo funciona la política: a conveniencia.

Y también creo que ninguna de estas medidas va a desatascar los juzgados o modernizar la administración de Justicia que es, sinceramente, lo que tendría que ocupar al ministro del ramo, tarea que por el momento sólo ha llevado a Gallardón a proponer que haya bodas y divorcios ante notario. Y eso, además de sonarme a privatización encubierta de estos procedimientos, es un absurdo porque la ley ya ha descargado de esa labor a los juzgados y a él como ministro le corresponde aplicar esta reforma aprobada el año pasado (no recuerdo yo ahora quién gobernaba entonces, la verdad...). Pero qué bonito suena hablar todos los días y decir muchas cosas. Así parece que haces cosas.